Por una nueva redistribución del espacio de las comunicaciones
Miércoles 4 de julio de 2008
Hoy, la sustitución de la Ley de Radiodifusión, anacrónica y reaccionaria, establecida por la dictadura militar en 1980 por un nuevo marco jurídico acorde a la democracia, parece posible.
El conflicto con el empresariado rural expone con crudeza, el poder desplegado por los medios.
No se trata de imaginar conspiraciones pero sí, de reconocer en los medios masivos, a operadores privilegiados en articular y difundir discursos de amplia circulación social.
Este fenómeno no es exclusividad argentina, pero si constituye casi un privilegio nacional: (a) la extraordinaria concentración de empresas en el mercado de la comunicación, (b) la escasez de medios comunitarios, (c) los abusos que permite la actual legislación y d) que el mínimo gesto de regular los medios de comunicación es denunciado como amenaza a la libertad de expresión.
Los medios de comunicación de numerosos países, (en Unión Europea, Canadá, etc.), respetan directrices políticas que garantizan la desconcentración y fortalecimiento de sus medios públicos y no por ello, consideran que la regulación estatal limite la "libertad de prensa". Por el contrario, los medios argentinos, erigidos en depositarios de la soberanía, juzgan gobiernos, asumen la sabiduría de los expertos y las emociones de los sufrientes, diseñan sueños, denuncian delitos, fabrican prestigios y los venden; y cuando alguien señala su corrupción y la venta de servicios informativos y simbólicos a intereses espurios, o al mejor postor; cierran filas y los grandes medios europeos o norteamericanos acuden en su ayuda.
Dada esta situación, los gobiernos argentinos de las últimas décadas, negociaron el apoyo de la corporación de grandes medios, en vez de plantearles reglas obvias y, también por ello, el propósito del gobierno de Cristina Fernández de sancionar un nuevo marco jurídico, adquiere excepcional importancia y hasta mayor alcance que los cambios propuestos en las alícuotas de retenciones sobre la exportación agropecuaria.
Es imprescindible garantizar el pluralismo, la diversidad y el derecho a la información y la comunicación. La concentración afecta a la democracia y restringe la libertad de expresión.
La fuerza del actual modelo corporativo (que, en los hechos, es profundamente antiliberal) requerirá de todos los apoyos posibles y la verdadera libertad de prensa necesita una nueva legislación de comunicación social, frente a la falaz "libertad de prensa" impuesta por los grandes capitales e intereses políticos mediáticos.
Los puntos que proponemos incorporar a la nueva legislación, (Ver Carta Abierta 2 original /Link), pretenden redistribuir el derecho a la palabra comunitaria y garantizar que los medios argentinos respondan a parámetros mundiales de libertad de expresión.
Hoy, cabe abrir un cuidadoso crédito a la esperanza.
Nada garantiza la sanción de una nueva legislación democratizadora, pero también es cierto que el gobierno nacional se ha comprometido públicamente a dar un decisivo paso adelante y, nunca antes, se ha debatido tanto y en tan diversos lugares el problema comunicacional: el propio gobierno, provincias y municipios, universidades, sindicatos, agrupaciones políticas, espacios académicos, artísticos y literarios, grupos feministas, comunitarios y entre los trabajadores de la información.
Con ese respaldo de conciencia política se cuenta y existen circunstancias en la vida de una nación cuando los dirigentes comprenden la pequeñez del puro cortoplacismo.
Ojalá ésta sea una de ellas.
El conflicto con el empresariado rural expone con crudeza, el poder desplegado por los medios.
No se trata de imaginar conspiraciones pero sí, de reconocer en los medios masivos, a operadores privilegiados en articular y difundir discursos de amplia circulación social.
Este fenómeno no es exclusividad argentina, pero si constituye casi un privilegio nacional: (a) la extraordinaria concentración de empresas en el mercado de la comunicación, (b) la escasez de medios comunitarios, (c) los abusos que permite la actual legislación y d) que el mínimo gesto de regular los medios de comunicación es denunciado como amenaza a la libertad de expresión.
Los medios de comunicación de numerosos países, (en Unión Europea, Canadá, etc.), respetan directrices políticas que garantizan la desconcentración y fortalecimiento de sus medios públicos y no por ello, consideran que la regulación estatal limite la "libertad de prensa". Por el contrario, los medios argentinos, erigidos en depositarios de la soberanía, juzgan gobiernos, asumen la sabiduría de los expertos y las emociones de los sufrientes, diseñan sueños, denuncian delitos, fabrican prestigios y los venden; y cuando alguien señala su corrupción y la venta de servicios informativos y simbólicos a intereses espurios, o al mejor postor; cierran filas y los grandes medios europeos o norteamericanos acuden en su ayuda.
Dada esta situación, los gobiernos argentinos de las últimas décadas, negociaron el apoyo de la corporación de grandes medios, en vez de plantearles reglas obvias y, también por ello, el propósito del gobierno de Cristina Fernández de sancionar un nuevo marco jurídico, adquiere excepcional importancia y hasta mayor alcance que los cambios propuestos en las alícuotas de retenciones sobre la exportación agropecuaria.
Es imprescindible garantizar el pluralismo, la diversidad y el derecho a la información y la comunicación. La concentración afecta a la democracia y restringe la libertad de expresión.
La fuerza del actual modelo corporativo (que, en los hechos, es profundamente antiliberal) requerirá de todos los apoyos posibles y la verdadera libertad de prensa necesita una nueva legislación de comunicación social, frente a la falaz "libertad de prensa" impuesta por los grandes capitales e intereses políticos mediáticos.
Los puntos que proponemos incorporar a la nueva legislación, (Ver Carta Abierta 2 original /Link), pretenden redistribuir el derecho a la palabra comunitaria y garantizar que los medios argentinos respondan a parámetros mundiales de libertad de expresión.
Hoy, cabe abrir un cuidadoso crédito a la esperanza.
Nada garantiza la sanción de una nueva legislación democratizadora, pero también es cierto que el gobierno nacional se ha comprometido públicamente a dar un decisivo paso adelante y, nunca antes, se ha debatido tanto y en tan diversos lugares el problema comunicacional: el propio gobierno, provincias y municipios, universidades, sindicatos, agrupaciones políticas, espacios académicos, artísticos y literarios, grupos feministas, comunitarios y entre los trabajadores de la información.
Con ese respaldo de conciencia política se cuenta y existen circunstancias en la vida de una nación cuando los dirigentes comprenden la pequeñez del puro cortoplacismo.
Ojalá ésta sea una de ellas.
versión en Carta Abierta
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